domingo, 13 de agosto de 2017

Venezuela: Justicia Civil vs Justicia Militar III. Parte


La Justicia Militar es eminentemente piramidal y centralizada 

Venezuela: Justicia Civil vs Justicia Militar I. Parte


Venezuela: Justicia Civil vs Justicia Militar II. Parte



Oscar José Márquez
Veníamos señalando que la legislación militar siempre ha sido clara respecto a la utilización de los efectivos militares en funciones de control del orden público, lo cual ha arrojado en más cien días de protestas, según el Foro Penal Venezolano, unos 132 fallecidos, unos 1. 980 heridos y unas 15.000 personas afectadas en su salud. Se produjeron 5.051 arrestos o detenciones, y de estos unos 1.500 aún permanecen detenidos, entre un 30% y un 40 % están sometidos a la jurisdicción de los Tribunales Militares.

La legislación militar indica en forma taxativa, cuándo y cómo se deben de utilizar las tropas respecto al orden público, según lo establece el Reglamento de Servicio de Guarnición de las FF. AA, cuya última reforma fue mediante decreto No.  8159 del 10 agosto 1988.

Reglamento de Servicio de Guarnición de las FAN - Intervención de las tropas en Orden Público
Este reglamento, a pesar de su importancia por su contenido en relación al tema que hemos abordado de la intervención del estamento militar en funciones de control del Orden Público,  hasta la fecha no ha sido adecuado o modernizado  al espíritu, propósito y  razón  de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999,  ni a las sucesivas reformas que se le han efectuado a  la Ley Orgánica de la FANB, ni muchos menos a las convenciones internacionales respecto de esta materia o de los DD.HH. como lo son: 

El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Sin embargo, a pesar de lo vetusto del Reglamento de Servicio de Guarnición de las FF. AA este regula:
Primero: La Intervención de las tropas.
Segundo: El uso de sus armas como último recurso.
Tercero: señala mal que bien la responsabilidad del comandante de cada unidad participante por el uso de las armas en los casos de Alteración del Orden Público
Cuarto: señala la Cooperación estrecha que debe de existir entre las Autoridades Militares y Civiles para el Restablecimiento del referido Orden Público.

En relación a la adecuación del Reglamento de Servicio de Guarnición tanto a la Constitución de 1999,  como a la sucesivas reformas de la  LOFANB  especialmente a la última del 2014,  solamente hay una referencia en esta, en su Capítulo II  De las disposiciones Transitorias y finales respecto al Servicio de Guarnición   que señala en su   Octava cláusula: “…Los servicios de guarnición serán asumidos por los o las Comandantes de los espacios geográficos bajo su responsabilidad…”

Intervención de las tropas en el control y restablecimiento del Orden Público.   
El Reglamento de Servicio de Guarnición, es claro y categórico en su capítulo VI, al  referirse     al Orden Público, en su sección primera al   señalar  la   Intervención de las tropas en el control y restablecimiento del  Orden Público   tipificado en su Artículo 29: “…Las Fuerzas Armadas Nacionales en caso de grave alteración del orden público, a solicitud de la autoridad civil competente, cooperarán para el restablecimiento del mismo, así como en la protección de las personas y sus propiedades…”

La intervención de las tropas para el restablecimiento del orden público deberá ser autorizada por el presidente de la República, el Ministro de la Defensa, el Comandante de la Región Militar respectiva, y Comandante de la Guarnición (Artículo 34).  A su vez   para la intervención de las tropas en el restablecimiento del orden público, el comandante de la Guarnición de acuerdo al Artículo 35 del Reglamento de Servicio de Guarnición, deberá seguir una serie de procedimientos. Hoy esta función la cumplen en la capital de la República el comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Zona Central (Distrito Capital, Miranda Aragua y Carabobo) en la Gran Caracas, o en su defecto el comandante de cada una donde se produzcan las alteraciones del Orden Público quien debe de seguir una serie de normas o protocolos entre ellos: 
1ero. Deberá de hacer una apreciación de la situación, a fin de adoptar la más correcta y lógica decisión
2ndo.  Determinar el armamento, municiones, equipo y transporte que usarán las tropas,
3ero. El material especial que sea necesario, de acuerdo a la situación (equipo antimotines y de seguridad personal)
4to. La utilización del número de efectivos adecuados, a fin de mantener una reserva de apoyo
5to. Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la libertad de acción y evitar bajas inútiles; y
6to Mantener en todo momento el secreto de las operaciones.  según lo establecido en el Artículo 35 del Reglamento de Servicio de Guarnición.

Esto son los pasos que han debido de seguirse a partir de que se iniciaron las protestas en Venezuela   a principios del mes de abril a lo largo y ancho de Venezuela para salvaguardar las responsabilidades del Gobierno y de cada uno de los participantes en las mismas. Nos imaginamos que todas estas actuaciones han debido quedar reseñadas o registradas en los diferentes Planes Operacionales, Ordenes Preparatorias, Orden de Operaciones, Libros de Servicios, Partes Diarios e informes a nivel de cada uno de los diferentes escalones en las actuaciones de las unidades y del personal que hayan participado en forma, directa, indirecta, colectiva o individual.

La recién nombrada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista decidió nombrar el pasado 07 de agosto una Comisión de la Verdad con plenas facultades plenipotenciarias para investigar la violencia en las calles “…para investigar los delitos con fines políticos ocurridos en los últimos años …”. Las cuales “…serán vinculantes para las decisiones de las distintas ramas del poder público…” señalándose que “...los delitos de odio serán atendidos por la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente y debe de aplicarse justicia, no pude haber más impunidad…” Lo cual es contraproducente e inmoral a todas luces del derecho constitucional en vista de la forma ilegal como fue convocada y elegida la Asamblea Nacional Constituyente. 

Esta comisión surge indudablemente después que la Fiscal General Luisa Ortega Diaz, destituida el pasado sábado 05 de los corrientes por la Asamblea Constituyente hiciera una serie de críticas por la excesiva represión, de los cuerpos de seguridad y desvelara una investigación que apunta a que la muerte de un estudiante en una protesta pudo ser causada por un militar y no por un manifestante como lo había denunciado el Gobierno.

Un equipo de expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 08 de agosto del presente año han sugerido:



“…que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes…”.  Las conclusiones del equipo de los DD. HH de la ONU indican: “…la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas…”  

Las conclusiones del equipo de expertos de la ONU apuntan a un patrón de violación de derechos humanos durante manifestaciones de Venezuela

Debido a  la falta de colaboración y cooperación al no responder a las peticiones y al acceso al país del referido equipo por parte del gobierno venezolano, el Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH, Zeid Ra´ad Al Hussein, desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar seguimiento incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos de Venezuela desde el 06 de junio hasta el 31 de julio, en el que:   “….llevó a cabo unas 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General. También recibió información por escrito de la oficina del Defensor del Pueblo…”

Los testigos relataron y confirmaron:“…. cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales…” Varias de las personas entrevistadas afirmaron a su vez “…que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparadas a corta distancia y que la policía usó como munición canicas(metras), perdigones, tuercas y tornillos…” Según las fuentes, las fuerzas de seguridad GNB y PNB, también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes.

Los testigos también señalaron que “…las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza…” 

Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había “…investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones…” Según el análisis del equipo del ACNUDH, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados colectivos armados (paramilitares), serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró o quienes son responsables. 

Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio “… más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.300 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones.

Foro Penal registra más de 5 mil arrestos durante protestas opositoras
http://unionradio.net/foro-penal-registra-mas-de-5-mil-arrestos-durante-protestas-opositoras/

En varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura…”

Entre los métodos usados “…figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras (rolos), mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante períodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte, y en algunos casos con la violencia sexual, a ellos y a sus familiares…”  Aunado a todo esto, a muchos manifestantes les han robado sus pertenencias como lo han sido sus celulares, cámaras fotográficas, equipos de filmación, dinero, entre otros objetos personales.

Esas violaciones ocurren “…en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General…”, agregó el Alto Comisionado Zeid Ra´ad Al Hussein. “…La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno…”.

Además, las evidencias y las fuentes señalan, que varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, “…y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares, en vez de presentarlas ante los tribunales civiles…”, declaró El Alto Comisionado Zeid, afirmando que “…no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar…”.

Todas estas situaciones, de abusos, de irregulares en el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva, vienen a constituir Crímenes de lesa humanidad, frente al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.  http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

La actuación de los comandantes de las unidades designados en la Intervención de la tropa en el control y restablecimiento del Orden Público.
En teoría o supuestamente de acuerdo a los acontecimientos y a la situación reinante en el lugar de los hechos, los comandantes de las tropas designadas para el control de disturbios de orden público debieron actuar de la siguiente forma:
Primer término: harán uso de la palabra, ejecutando acciones que no generan violencia o daño irreparables a la población civil.

En segundo término: Se procederá con acciones de otro tipo, si las primeras no inducen a los manifestantes a deponer su actitud.  Según lo tipificado en el   Artículo 36 del Reglamento de Servicio de Guarnición.  

Según lo establecido en el Artículo 37 del Reglamento de Servicio de Guarnición Cuando todos los medios de persuasión se hayan agotado, se hará uso:

1ero. De agua con manguera de alta presión,
2do. Gases lacrimógenos y nauseabundos.
3er.Finalmente las armas individuales disparadas al aire, y 4to. Posteriormente en forma rasante.

Uso de sus armas en los casos de Alteración Orden Público como último recurso.  
Por su parte la Sección Segunda del capítulo VI del Reglamento de Servicio de Guarnición en referencia a la Intervención de las tropas en alteraciones de  Orden Público nos señala las circunstancias y el uso de las armas como último recurso según lo tipificado en el Artículo 39 del referido reglamento.  Utilización esta que debe de hacerse con autorización por escrito por parte del comandante de la Guarnición (hoy Región Estratégica de Defensa Integral REDI), según lo tipifica el Artículo 40. Hoy en día esta responsabilidad recae en los comandantes de las diferentes Redi.

Indudablemente el uso de las armas, contra las manifestaciones  atenta contra los DD.HH, y la dignidad humana según lo establecido en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado el La Habana ( Cuba) del 27  de agosto al 07 de septiembre de 1990  y la convención  de los  Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Recordemos que el Reglamento de Servicio de Guarnición de las FF. AA, tuvo una última reforma mediante decreto No.  8159 del 10 agosto 1988, que a su vez había sido adecuado   a la Constitución Nacional de 1961, por la Resolución No 12 del 02 de enero de 1968.

Por su parte el Artículo 41 del referido reglamento señala que las Unidades, las fracciones u otros elementos de tropa aislados, sólo podrán hacer uso de sus armas en los casos siguientes:
1ero.Cuando se hayan agotado todos los medios de persuasión para normalizar el orden alterado 
2do. Para eliminar francotiradores
3to. Cuando sean atacados por cualquier tipo de arma
4to.  Cuando se vea atacado en forma tal que peligre la misión o la vida.

El Artículo 42, del RSG, por su parte nos señala claramente el procedimiento y los pasos que se deben de seguir cuando se hayan agotado todos los medios de persuasión para normalizar el orden alterado como lo son: 
Primero.  Notificación en voz alta, clara e inteligible y por tres veces consecutivas de que se van a usar las armas. Dicha notificación será precedida, si fuere posible, de toque de corneta, silbato, sirena o algún otro medio disponible;
Segundo. Si no se obtuviere resultado favorable con el toque de corneta, silbato o sirena, se procederá a hacer una descarga al aire;
Tercero. Si a pesar de las medidas anteriormente descritas no se restableciera el orden o no se acatare lo dispuesto por las tropas que actúan, se procederá a hacer uso de las armas de modo resuelto y enérgico.

La Responsabilidad del comandante por el uso de las armas en los casos de Alteración Orden Público
Frente a la responsabilidad por el uso de las armas el comandante de la tropa que haga uso de las mismas o lo ordene, está en la obligación de dar cuenta por escrito al superior inmediato y éste procederá a la mayor brevedad posible, al esclarecimiento de los hechos, de acuerdo a lo tipificado en el Artículo 43 del referido reglamento.

La Cooperación entre las Autoridades Militares y Civiles para el Restablecimiento del Orden Público.
Por su parte la Sección Tercera del capítulo VI del Reglamento de Servicio de Guarnición, nos señala en su articulado del 44 al 50, la Cooperación recíproca que debe de existir entre las Autoridades Militares y Civiles para el Restablecimiento del Orden Público.

Entre estas podemos referirnos al Artículo 44 RSG, que dictamina que “…Las autoridades civiles y militares deberán mantener la mayor coordinación de la planificación y ejecución de las operaciones para el control del orden público…”  Le corresponde esta función al Ministerio del Poder Popular Relaciones Interiores Justica y Paz, quien deberá de adaptar disposiciones que le sean de su competencia frente a las manifestaciones de orden público y está obligado a coordinar con la autoridad militar correspondiente. Artículo 47 RSG.

Cuando un comandante de la Guarnición (REDI) no puede prestar el apoyo solicitado por la autoridad civil (MPPRIJP), notificará a ésta por la vía más rápida las causas que le impide hacerlo, confirmándolo por escrito. Al mismo tiempo, lo participará al superior inmediato para que decida lo conducente. Artículo 48 RSG.

A pesar de que existe el Reglamento de Servicio de Guarnición de las FAN, este aún no se ha sido derogado ni reformado o mucho menos, ha sido adecuado a la Constitución de 1999. Como lo hemos explicado anteriormente, ya que este nos indica fases de la Intervención de las tropas para el restablecimiento del Orden Público y los pasos que debe de seguirse, independientemente de su antigüedad u obsolescencia. 

El reglamento señalado anteriormente debería de estar concatenado   a las leyes aprobatorias sobre las normas Internacionales de Derechos Humanos aplicables a la   función Militar y policial conjuntamente con la Constitución de 1999 y la LOFAN.  Por lo que estas deben de ser adecuados ya  que   no han perdido su vigencia en vista que en  el Capítulo II  De las disposiciones Transitorias y finales de la LOAFANB,  Segunda, nos señala, que:   “…El resto del ordenamiento legal y sub-legal, relacionado con la materia militar mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica…”,  ya que priva el articulado que de una u otra manera señala la protección de los DD.HH, la propiedad y la vida de los ciudadanos.

Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.
Sin embargo, a pesar de existir el Reglamento de Servicio de Guarnición de las FAN, el 27 de enero de 2015, en la Gaceta Oficial No.   40.589, apareció publicada la Resolución N° 008610 del Ministerio para la Defensa mediante la cual se dictan las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.

Estas Normas fueron establecidas como señaláramos en la II. parte de este escrito Venezuela: Justicia Civil vs Justicia Militar II. Parte

Seguramente debido al agotamiento y fracaso del modelo político y socioeconómico de la revolución bolivariana y socialista del Siglo XXI.  Al tratar de  imponer a través de las leyes habilitantes y otras   de algunos de los puntos propuestos  por Carlos Marx  en su    Primer Programa Práctico para la Construcción del Socialismo – Comunismo Manifiesto Comunista. Al respecto acceder La Venezuela Humillada III. Parte (En lo Económico / Primer Programa para la Construcción del Socialismo)

Dicho fracaso socioeconómico tuvo como consecuencia las protestas del 2014 y que tarde o temprano producirían o producirán una nueva escalada de las mismas, como de hecho quedó demostrado a partir del 01 de abril de 2017.  Todas estas manifestaciones de protestas se fueron agravando   por la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente sin la respectiva consulta con el pueblo venezolano.

Las referidas Normas solo han servido para revestir de legalidad la actuación de las FANB mediante ese artificio jurídico, porque no cumplen entre otras, con las convenciones y tratados internacionales sobre los derechos humanos ni con   el derecho positivo nacional. Entre estos derechos podemos mencionar: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

La Resolución N° 008610 del Ministerio para la Defensa generó toda una controversia en su momento frente un Estado derecho cuyos líderes se rasgan las vestiduras de ser demócratas frente al proceso revolucionario bolivariano y socialista del siglo XXI y que manifiestan hasta la saciedad el respeto de los DD. HH. Sin embargo, estos son violados sistemáticamente como ha sido apreciado por la comunidad nacional e internacional durante estos dos últimos años.

La citada la resolución N° 008610 indica que "…el objetivo es regular la actuación de la FANB para garantizar el orden público, la paz social, la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, dentro del desarrollo del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, y la protección de los Derechos Humanos…”.

Sin embargo, este objetivo lejos de cumplirse solo ha servido para legitimar todas las actuaciones de la FANB, en contraposición  del Artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela   que señala que “… La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar… …la cooperación en el mantenimiento del orden interno... … En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna…”

Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.

Dentro de las atribuciones que se le confiere a la FANB en la resolución N° 008610 se encuentran los requisitos del personal militar de la FANB que ejercen funciones de control del orden público frente a reuniones públicas y manifestaciones, así como  su  equipamiento y dotación. La normativa explica los procedimientos previos al despliegue para el control de reuniones y manifestaciones, la actuación durante el desarrollo de las mismas, así como la actuación de la FANB luego de las manifestaciones.

El capítulo IV de la norma detalla el uso progresivo y diferenciado de la fuerza por parte de los funcionarios de la FANB en el control del orden público. La norma estipula los siguientes puntos sobre la actuación de los funcionarios:

Extremarán precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adultas y adultos mayores, personas con discapacidad o necesidades especiales u otros grupos vulnerables adoptando los medios de disuasión, protección y control adecuados.

No emplearán la fuerza contra las personas que se retiran o caen mientras corren y que no participan en actos violentos, salvo la estrictamente necesaria para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la comisión de un delito.

Extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión, en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, colegios y liceos, así como en espacios confinados o sitios cerrados y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas evitando sus consecuencias letales o lesivas.

Descenderán en la escala de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, a medida que descienda la resistencia hasta que cese o cuando se produzca la finalización de actos violentos, adoptando las correspondientes medidas de seguridad.

No arrebatarán banderolas o pancartas utilizadas a quienes participan en reuniones públicas o manifestaciones, limitándose al decomiso de objetos, equipos e instrumentos que puedan ser utilizados para atentar contra la seguridad.

No arrojarán o devolverán objetos contundentes lanzados previamente por quienes actúan en forma violenta en las reuniones públicas o manifestaciones.

Brindarán asistencia a las personas que resulten lesionadas y evacuarán a las heridas o lesionadas hasta los centros de atención médica más próximos, además de garantizar la existencia de corredores humanitarios y el acceso de socorristas.

Notificarán en forma inmediata en el plazo razonable a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público de la aprehensión de personas, con indicación del centro de detención donde se encuentren o permanezcan, haciendo pública la información a fin de que pueda estar disponible para familiares o allegados.

No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, sea necesario su porte y uso.
10º Las demás establecidas en las leyes, reglamentos y manuales.

Toda esta normativa ha sido letra muerta, al ser irrespetada y violada sistemáticamente al proceder con violencia manifiesta sin misericordia ni consideración.  Especialmente el numeral que señala que las autoridades militares “…Notificarán en forma inmediata en el plazo razonable a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público de la aprehensión de personas, con indicación del centro de detención donde se encuentren o permanezcan …”.  Miles de denuncias, así como de videos, fotografías y reseñas periodísticas locales nacionales e internacionales contrastan con la realidad vivida por la Nación venezolana   desde que se iniciaron las protestas el pasado 01 de abril del 2017 los cuales se intensificaron frente al llamado de un proceso de la Asamblea Nacional Constituyente espurio. 

Recurso de nulidad conjuntamente con amparo cautelar en contra de la resolución No. 008610
Sin embargo, esta resolución ministerial al entrar en vigor en su momento generó una gran polémica y hondo malestar a nivel nacional e internacional. Entre las personalidades que la criticaron en el País destaca la ciudadana Luisa Ortega Díaz Fiscal General de la República. A nivel internacional el Sr.   Miguel Insulza Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Rupert Colville portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

El 03 de febrero de 2015, se interpuso un   recurso de nulidad conjuntamente con amparo cautelar contra la Resolución Núm. 008610 de fecha 23 de enero de 2015 (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Núm. 40.589 del 27 de ese mes y año) dictada por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López en la cual se estableció las “…Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones…”, por ante la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, sobre el contenido y alcance de los artículos 55 (último aparte) y 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 26 de julio del 2016, el TSJ, en ponencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de amparo constitucional solicitada por los accionantes. Por esta razón la FANB, estaría facultada para usar sus armas de fuego en el caso de que las protestas degeneren en hechos de violencia mortal, en función del control del Orden Público, una vez que el TSJ, dejase en firme la referida resolución Núm. 008610 de fecha 23 de enero de 2015 del Ministerio de la Defensa. Al respecto acceder

Jerarquía de las leyes frente al Reglamento de Servicio de Guarnición y la resolución N° 008610 de fecha 23 de enero de 2015
A pesar de esta decisión a través de la ponencia de la Sala Político-Administrativa del TSJ, cuando el Sr. ministro de la Defensa emitió la referida Resolución No. 008610del 27 de enero de 2015, publicada en Gaceta Oficial No. 40.589, obvió lo referente a la estructuración y jerarquía de las leyes ya que una resolución no puede bajo ninguna circunstancia eliminar un reglamento. De acuerdo al orden de la Carta Magna o Constitución, leyes orgánicas, resoluciones legislativas   emitidas por la Asamblea Nacional, Decretos emitidos por el poder Ejecutivo y resoluciones ministeriales emitidas por los ministerios.

La Resolución N° 008610del 27 de enero de 2015, en su Disposición Derogatoria Única tipifica que “…Se derogan todas las normas de rango equivalente o subordinado que colidan con la presente Normativa…”  ignorando el Mindefensa seguramente el Reglamento de Servicio de Guarnición de las FAN - que tipifica lo relativo a Intervención de las tropas en Orden Público, así como la normativa del uso de los efectivos militares y el uso de las armas por parte de estos como medida extrema.

Esta resolución ha venido a convertirse en la base para la violación sistemática de los Derechos Humanos de allanamientos violentos, detenciones arbitrarias, ocupación militar y policial de residencias y barriadas, daños a las   propiedades y a vehículos, ruptura de cercas perimetrales, puertas de seguridad,  circuitos cerrados de TV,  torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas así como instalación de redes de informantes o los llamados patriotas  cooperantes ( Sapos).

Además, las fuerzas de seguridad han actuado en forma represiva han disparado sin previo aviso gases lacrimógenos, y perdigones en forma directa sobre la humanidad de  los manifestantes antigubernamentales, disparos  de  cartuchos de gas lacrimógeno a corta distancia y en forma diagonal, el uso por parte de GNB y de  la policía de munición  envenenada    o aliñada   con metras o canicas, perdigones de acero, tuercas y tornillos, infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura…”

Todas estas arbitrariedades y otras se han dado en Venezuela desde la promulgación a partir del 2015, de La Resolución No. 008610 del 27 de enero de 2015 a través de la cual se ha escudado una supuesta defensa de los DD. HH, la paz social y la convivencia ciudadana. Lo que de alguna manera ha convertido a la FANB a través de la GNB en un instrumento represor. La Resolución No. 008610,   además ha sido utilizado para  detener a cientos de manifestantes y adversarios del gobierno y de someterlos a la jurisdicción de justicia militar en contra de sus jueces naturales. 


Continuará….

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Márquez, Oscar J. “Venezuela: Justicia Civil vs Justicia Militar III. Parte”, entrada del Domingo 13   de agosto de 2017, consultado el xx / xx/ 2017. URL:


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Cronología: El distanciamiento de Ortega Díaz con el Gobierno

Cofavic: Juzgar civiles en tribunales militares es el abandono completo del Estado de Derecho

El gobierno intensifica uso de la justicia militar para reprimir a civiles

Fiscal Luisa Ortega asegura que cambiar la Constitución "aceleraría la crisis" en el país

Luisa Ortega Diaz: La paz no se decreta, se construye con acciones

Fiscal General afirma que las sentencias del TSJ “constituyen una ruptura del orden constitucional” (+Video)

Foro Penal registra más de 5 mil arrestos durante protestas opositoras


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Gobierno imputa a civiles delitos militares con penas de hasta 30 años de cárcel

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La Justicia Penal Militar en Venezuela procesa a civiles. De cómo involucionamos a etapas ya superadas

¿Las detenciones masivas en el marco de las protestas son constitucionales?, por José Ignacio Hernández

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ONU Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

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Padrino defiende uso de los tribunales militares y dice que habla con la Fiscal

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Por qué los civiles están siendo procesados por la justicia militar?

Por mi hijo y cientos de jóvenes. NO envíen detenidos en protestas a Tribunales Militares


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Venezuela Congreso Nacional Resolución, N° 8159 del Mindefensa del 10 Agosto 1988. Reglamento de Servicio de Guarnición. Gaceta Oficial No






Venezuela Decreto No. 281 del Mindefensa  por la cual se crea la Región Estratégica de Defensa Integral Capital  (REDI Capital) Gaceta Oficial No. 40.943  del 13  de Julio  del 2016.http://www.notilogia.com/2016/07/gaceta-oficial-n-40-943-se-crea-la-region-estrategica-de-defensa-integral-capital.html

Venezuela Decreto No. 280 del Mindefensa del por la cual se crea la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (REDIMANI) Gaceta Oficial No. 40.225  del 09 de Agosto del 2013.

Venezuela Decreto No. 281 del Mindefensa del por la cual se crea la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes (REDIAN) Gaceta Oficial No. 40.225  del 09 de Agosto del 2013.

Venezuela Decreto No. 295  del Mindefensa del por la cual se constituye el Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar.  Gaceta Oficial No. 40.225  del 09 de Agosto del 2013.


Venezuela.  Ley de Régimen para la Revisión, Rectificación, Reimpulso y Reestructuración del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana.  Gaceta oficial extraordinaria de la república bolivariana de Venezuela nº 6.156 19 de noviembre de 2014

 Venezuela Reglamento provisional de servicio interno de las Fuerzas Armadas Nacionales. MINDEFENSA 1994 





viernes, 30 de junio de 2017

Venezuela: Justicia Civil vs Justicia Militar II. Parte


La Justicia Militar es eminentemente piramidal y centralizada 


Venezuela: Justicia Civil vs Justicia Militar I. Parte


Oscar José Márquez

El Pretor  Militar o La Mano Militar.
El pretor  era el término que se utilizaba en el imperio romano para nombrar a un magistrado ubicado,  en  la escala jerárquica de la administración pública, por debajo del cónsul,  y tenía la función de organizar y controlar las etapas de los juicios y realizar otra serie de funciones judiciales, con lo cual solían controlar a los pueblos que iban conquistando y sometiendo a la jurisdicción romana. 

Frente a las manifestaciones generadas por la grave crisis económica, política y social aunada al llamado de una ilegal  constituyente comunal el pasado 01 de mayo por parte del Presidente de la República Nicolás Maduro,  sin consultar al soberano o al pueblo a través del  respectivo referéndum lo que la hace  espuria, la  FANB, ha arriesgado una vez más su imagen y prestigio  ante la sociedad venezolana y la comunidad internacional para convertirse en pretores del régimen que gobierna  a Venezuela actualmente por las siguientes razones. 

En  Primer lugar  a raíz de las fuertes protestas ocurridas en Venezuela en el año 2014,  en las cuales fallecieron más de 40 personas, más de  486 heridos y de unas 1848 personas detenidas, así como las innumerables pérdidas en  bienes y servicios tanto  en el sector público como en el  privado según informe del Ministerio Público, los diferentes órganos de seguridad del Estado han estado monitoreando la situación actual y las posibles consecuencias del deterioro económico político, social. Ante las diferentes apreciaciones de situación conjuntamente con los  diversos  informes de inteligencia, encuestas, etc., el General  en Jefe Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López,  Jefe  a su vez del Comando Estratégico Operacional para esa época,    previendo  seguramente el recrudecimiento y la escalada de las protestas,  como de hecho ha ocurrido procedió a tomar una serie de medidas entre ellas a dictar la  Resolución  No. 008610 de las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones de fecha  27 de enero de 2015, según  la Gaceta Oficial N° 40.589.

Es el propio Ministro de la Defensa quien  refuerza   la discrecionalidad de garantizar el orden público  por parte de las FANB, de acuerdo a lo señalado  según el  objetivo en la  Resolución No. 008610,  en su artículo 1°:  
“…garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, dentro del desarrollo del Estado Democrático y Social de Derecho y de  justicia y la protección de los derechos humanos…”.

Objetivo este que frente a la grave crisis socio económico y política que padece la Nación Venezolana actualmente,  pareciera que las FANB, como un todo  a través de la GNB, ha  ignorado  la        citada Resolución No. 008610.    Y,  con ello  la Constitución Nacional,  los Tratados y Acuerdos Internacionales referente a los DD. HH,  la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, el Reglamento del Servicio en Guarnición entre otros, legislaciones que se han sido ignoradas,   obviadas, apartadas, saltadas al ejecutarse   operaciones (Plan Zamora - Plan estratégico especial cívico-militar
En   funciones de control del orden público en las últimos tres meses  en contra de las manifestaciones y protestas por encima de la Policía Nacional, organismo a quien  le corresponde  actuar en una  primera  fase o escalón frente a las  concentraciones públicas, protestas o manifestaciones ya  sean estas  de carácter  pacífico o  que deriven en  violencia. Esto  por ser una policía de carácter civil de acuerdo al artículo 332 de la CRBV que señala que el Ejecutivo Nacional organizará “…un cuerpo uniformado de policía nacional de carácter civil...”

Esto en concordancia con  el Artículo 6  de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana   que señala el carácter  eminentemente civil al tipificar “…El Servicio de Policía es de carácter civil y profesional, lo cual se manifiesta funcionalmente en su mando, personal, dirección, estructura, cultura, estrategias, tácticas, equipamiento y dotación…”

En el artículo 34,  se tipifica que “…son atribuciones comunes de los cuerpos de policía, Numeral 4° “…ejecutar las políticas emanadas del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana incluyendo… …y orden público…”; y su numeral 6° “…Proteger a las personas que participen en concentraciones públicas o manifestaciones pacíficas…”.

A los largo de los años la experiencia venezolana y su doctrina,  nos ha señalado que solo  cuando los órganos de policía  fuesen rebasados, podrían  las FANB entrar a controlar el orden público a través de  la GNB. Sin embargo esta institución se ha convertido ahora en la fuerza de choque (pretores) en contra de las manifestaciones y protestas, dándole así un soporte ilegítimo con la represión  al   gobierno bolivariano  ante su pérdida de credibilidad.

En segundo lugar se ha comprometido  aún más la  institucionalidad de las FANB, al utilizar a la justicia militar, sin tomar en cuenta para nada las normas de la Constitución de  1999,    en vista que desde hace unas semanas el Código de Justicia Militar dejó de ser un compendio de derecho especial, diseñado para regir las relaciones jurídicas al  interior de la FANB, al pasar   a convertirse en un instrumento legal de represión, a  pesar de que la Ley Orgánica de La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus reglamentos,  resoluciones, directivas y  Prescripción de Órdenes Vigentes (POV) definen  claramente las funciones de la FANB,   en la  utilización del mantenimiento y restablecimiento del orden interno del país. 

En tercer  lugar A pesar de que  la LOFANB, en su Título V sobre el Régimen Administrativo en su  Capítulo IV contempla todo  lo referente  a los Derechos Humanos y Derecho Internacional  de los Conflictos Armados, pareciera ser que los DD.HH  frente a las protestas y manifestaciones producto de la severa crisis económica, político y social, es letra muerta, o sea, es un simple saludo a la bandera, al no cumplirse  con el Artículo 166 que  señala   que:
  “…Los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales nacionales e internacionales relacionadas con los Derechos Humanos en tiempo de paz y en estado de excepción, actuando en el marco de los mismos…”

Le corresponde al Inspector General de las FANB el  cumplimento de lo señalado anteriormente  según  el numeral 8 del Artículo 27 LOFANB: “….Promover el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DDHH y DIH) en el Sector Defensa, en la ejecución de sus funciones de conformidad con lo establecido en la Constitución, tratados, convenios y acuerdos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela…”.  

El numeral 9, del referido artículo 27 le asigna a su vez las  de  “…Planificar, dirigir y promover actividades que permitan articular y desarrollar el sistema de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DDHH y DIH) de acuerdo a los tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela…”. Además  según el numeral 10  es el  responsable junto a  con otras instituciones   de elaborar: “…el diseño curricular y planes de estudios en materia de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DDHH y DIH), que se impartan en la modalidad educativa militar…”

Precisamente si se señalan todos estos aspectos  sobre los DD. HH y garantías   constitucionales  de la ciudanía,  los integrantes de las FANB, habrían sido formados en relación a estos  derechos.  La  violación de los mismos viene a convertirse en un agravante por tener formación y estar consciente  de estos derechos, y si estos efectivos militares a pesar de ello siguen cumpliendo órdenes superiores de violación de los DD.HH. 

Están incurriendo a su vez en violación del Artículo 61 de la CNRBV que señala que  “…La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley  o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos…”

Por lo tanto,  los comandantes naturales de las diferentes unidades que han comandado ya sea en forma directa o indirecta las acciones de control del Orden Público que han concluido en fuertes represiones a lo largo y ancho del país,  son responsables penal civil y administrativamente por los que sus hombres a su cargo hagan o dejen de hacer y más  aún si se  ha cometido un presunto delito.

Al respecto el artículo 271 de la CRBV,  es clara y categórica  al señalar que los delitos contra los DD.HH no prescriben  al tipificar: “…no prescriban las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos…”.

En cuarto   lugar. La politización,  a través de los diferentes  gritos,  consignas, frases, oraciones inscritas en paredes de las unidades militares  dentro de las FANB,  así como  la ideologización en las diferentes escuelas de formación y capacitación  a lo largo de estos diez y ocho años dentro de la institución armada, aunado  a las  diferentes declaraciones eminentemente políticas por parte de algunos  oficiales generales o  de alta graduación de alguna manera han moldeado y forjado el carácter de los integrantes de la institución castrense quienes suelen estar  indispuestos  hacia la ciudadanía que  adversa  y se  opone  al gobierno revolucionario bolivariano socialista del siglo XXI.  Demuestra así con sus actuaciones, un comportamiento  negativo y un  sentimiento   de rechazo, de repulsa, de   menosprecio, de recelo e indisposición al considerar a los que protestan y manifiestan  como   enemigos  internos y no como adversarios políticos.
Al respecto ver
Cadetes gritan consignas de odio en las calles de Caracas

Todo esto se traduce en 1er. Lugar en una  represión desmedida por parte de la FANB a través de la  GNB,  a través del robo de las pertenencias (celulares, prendas, dinero,  entre otras de los manifestantes como si estos fuesen un botín de guerra  y., en 2do.lugar el enjuiciamiento de civiles por los tribunales militares, al ser imputados por los presuntos delitos de  traición  a la patria,  y rebelión.  

Este comportamiento se ha escapado del control  de las manos de un Estado de Derecho Democrático, como bien  ha sido reconocido en   declaración dada por el Ministro de la defensa Vladimir Padrino López, durante un ciclo de conferencias sobre la Constituyente   frente a una gran cantidad de evidencias, fílmicas (Videos), documentales y testimoniales   de ciudadanos que manifestaban y protestaban  incluso de periodistas extranjeros que fueron golpeados, vejados y robados por funcionarios principalmente de  GNB como de la PN al señalar el pasado 6 de junio.:

“…No quiero ver un Guardia Nacional más cometiendo una atrocidad en la calle…”  señalando que los militares que se aparten de la línea del Estado, de los Derechos Humanos y que no se comporten como profesionales “…tienen que asumir su responsabilidad…” al respecto acceder  
AJÁ! Padrino López pidió a la GNB respetar DDHH: No quiero ver a un guardia cometer una atrocidad (+Video)

Declaraciones estas por cierto a todas luces extemporáneas  frente a los más de 60 días para ese momento  de manifestaciones y  protestas las cuales en su gran mayoría han sido reprimidas sin causa justificada por la GNB Y PNB, razón por la cual han concluido en fuertes disturbios.  Incluso a pesar del llamado de atención del Señor Ministro  de la Defensa al día siguiente de darla  se dejó sentir la represión y el abuso por parte del sector militar involucrado en  el control de orden público, y días después y asesinando de manera pública y notoria otro joven manifestante.

Registramos cuando GNB le disparó a manifestantes en Altamira

Denuncian represión en Los Verdes de El Paraíso. El concejal Jesús Armas denunció allanamientos en Residencias Paraíso

GNB reprime a manifestantes en “Los Verdes” de El Paraíso

Los Verdes y la sanguinaria violación de la propiedad privada

Con estas continuas violaciones de los DD.HH, queda demostrado  que es un problema de actitud producto de 18 años de ideologización y adoctrinamiento, como suele decirse a pesar del llamado de atención del señor Ministro de la defensa,  la represión desmedida continúa, incluso ha aumentado.

La responsabilidad del control de los efectivos militares recae indudablemente en el Estado Venezolano, a través de su gobierno, pero este lamentablemente procuró convertir    a las FANB en el brazo armado de su proceso revolucionario socialista, cuando su función está claramente definida y tipificada en el artículo 328 de la CRBV.

Por lo tanto las FANB, están obligadas a  hacer un diagnóstico  para determinar este  comportamiento “atroz”.

En Quinto   lugar. La Unión Cívico Militar. Esta dualidad ha militarizado al Estado venezolano peligrosamente y se ha pretendido resolver todos los problemas e incompetencias a través del estamento militar, lo cal ha sido un grave error  y así lo reconocerá la historia en un futuro no  muy lejano ya que esa supuesta unión rompió con el eje trasversal del Estado de Derecho y de una democracia porque no hay un control civil y democrático sobre las FANB.

No hay subordinación ni respeto institucional, por parte de algunos los integrantes de las FANB, como quedó demostrado con  la actitud del Cnel. (GNB),  Vladimir Lugo Armas
Así agredió el coronel Lugo por la espalda al diputado Julio Borges
El funcionario empujó al presidente del Parlamento y lo echó de un departamento militar
Maduro condecora coronel que agredió al presidente de la AN

Justicia militar a civiles
Las FANB se ha involucrado para controlar las manifestaciones y protestas al  utilizar  a los efectivos del componente de la Guardia Nacional  Bolivariana como primera fuerza de choque en funciones de control del orden público, y  algunos de sus efectivos han actuado de forma  desmedida,  desproporcionada, reprimiendo  a lo largo y ancho de calles y avenidas incluso  adyacentes a  zonas residenciales, Iglesias, comercios, hospitales, centros de salud, centros educativos y en general sitios  de influencia donde la ciudadanía  efectúa su quehacer diario ya que independientemente de las protestas y manifestaciones, la vida suele continuar. Deteniendo a los presuntos manifestantes en los disturbios y poniéndolos a la orden de los Tribunales militara cono fue el caso del Estado Carabobo.

Se violenta así todo el Estado de Derecho, independientemente que desde el 2016 se haya decretado el Estado de Emergencia Económica.  

En Venezuela  no existe  una división de podres, como tal que pueda controlar al Ejecutivo y la utilización desmedida de la FANB en función del control del Orden Publico,  ya que el Ejecutivo  desconoce al Poder Legislativo; a su vez el Poder Ciudadano ejercido por el Consejo Moral Republicano integrado colectivamente por el Defensor del Pueblo, el Contralor General y el Ministerio Publico no han levantado su voz.  La Fiscal General Luisa Ortega Díaz,  ha asumido una posición institucionalista solo desde hace  un par de  meses, aproximadamente, sin embargo debido a esto el TSJ, le fijó para el próximo 4 de julio un antejuicio de mérito
TSJ fijó para el 4 de julio audiencia sobre solicitud de antejuicio contra la Fiscal General

Sin embargo ha sido desde el interior del  sector militar a través de los altos jerarcas e  integrantes de las Fuerza Armada Bolivariana, quienes públicamente han señalado o  hecho referencia  de efectuarle juicios militares a los civiles que participen  en las marchas y protestas  que se generan ante un modelo o sistema político que les ha fallado. Al desbordarse estas manifestaciones muchas veces al ser hostigadas, incitadas, asediadas, acosadas y atacadas por la misma fuerza pública sin que se    respeten los protocolo  existentes concluyendo en fuertes disturbios con lamentable pérdida de vidas humanas y daño tanto a la propiedad pública como privada.   

Al respecto el pasado jueves 4 de mayo el entonces Mayor General (G.N) Antonio José Benavides Torres, comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, señaló que el “…Plan Zamora activó la justicia militar para mantener paz y seguridad…” en  el  Estado Carabobo. Creemos que esa participación o información a la ciudadanía debió de hacerla en su defecto el Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami  o el Ministro del Poder Popular para Relaciónes Interiores  justicia y Paz  Néstor Reverol, independiente   de que este ciudadano provenga de las filas del sector militar.
Venezuela: acusan a exjefe militar de violaciones de DDHH

Posteriormente el  07 de mayo el  Mayor General (EJ) Jesús Suárez Chourio, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Central, “…informó que un total de 251 civiles que participaron en las manifestaciones y protestas de la oposición,   fueron puestos a la orden de tribunales militares en territorio Carabobeño…” e imputados por los supuestos delitos de  ataque al centinela y asociación para la rebelión.

En este este orden de ideas seguramente para ratificar, o darle el espaldarazo a  las declaraciones de los  Mayores  Generales (G.N) Antonio José Benavides Torres y (EJ) Jesús Suárez Chourio, el  pasado 09 de mayo el propio Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró a la Agencia  Efe en referencia de los casos de  manifestantes  detenidos y procesados por la jurisdicción militar que esto está enmarcado en la ley,  en contraposición a  una serie de denuncias que vienen haciendo los defensores de los DD.HH al  señalar:

"…Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), o un bien de la FANB, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar…", indicó el ministro venezolano consultado sobre estas denuncias,  ratificando a su vez el señor  ministro que  “…Todo aquello que se consiga atacando o agrediendo al centinela en flagrancia, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ellos…”, y remarcó el militar que tales sanciones están estipuladas en el Código Penal Militar…”.

El general Padrino defiende el uso de los tribunales militares y dice que habla con la Fiscal:
Padrino Lopez: Procesos en tribunales militares son legales

 Respecto de sus   palabras sobre la  “…agresión sobre el centinela…”, interpretamos que el Sr.  Ministro de la Defensa,  denominó como supuesto centinela a cada uno de los  efectivos militares que cumplen  funciones de vigilancia y control del  orden público.

¿Los efectivos militares en funciones de orden público son Centinelas  Militares?
El General  en Jefe Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, mediante un juego de palabras,   haciendo una abstracción de ideas y de la realidad social del país  obvió la Constitución Nacional  de  1999,  y  los  diferentes tratados,  pactos y convecciones internacionales relativas a los Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Venezuela,  e indicó que el militar que cumple   funciones en el restablecimiento  del  orden público puede ser considerado un   “centinela” que  cumple funciones de “centinela”.

En referencia a la palabra Efecto, realmente hay que buscarle  una interpretación de lo que quiso decir el Sr. Ministro de la Defensa Vladimir Padrino.
Padrino defiende uso de los tribunales militares y dice que habla con la Fiscal

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua “Efecto”, del  latin  effectus, puede significar “…1. m. Aquello que sigue por virtud de una causa. La fiebre es un efecto de la gripe; 2. m. Impresión hecha en el ánimo. Hizo en mi corazón efecto vuestra palabra; 3. m. Fin para que se hace algo. El efecto que se desea. Lo destinado al efecto; 4. m. Artículo de comercio; 5. m. Documento o valor mercantil, sea nominativo, endosable o al portador; 6. m. Movimiento giratorio que, además del de traslación, se da a una bola, pelota, etc., al impulsarla, y que la hace desviarse de su trayectoria normal. Dar efecto al balón; 7. m. En la técnica de algunos espectáculos, truco o artificio para provocar determinadas impresiones. U. m. en pl; 8. m. pl. Efectos especiales; 9. m. pl. Bienes, muebles, enseres. Perdieron sus efectos personales en el incendio…”.
 A menos que el periodista se haya equivocado al escribir Efecto, por efectivo, lo que sería más lógico.

Intervención de la Fuerza Armada Nacional en el Restablecimiento  del Orden Público
Ante todo debemos aclarar que de acuerdo a la Constitución de 1999,  sólo existe una Fuerza Armada Nacional integrada por el Ejército, la Armada,  la Aviación y la Guardia Nacional según el artículo 328, y el adjetivo de bolivariana simplemente es para hacer ver que se  está de acuerdo con un proceso revolucionario y socialista del Siglo XXI.  

Por otra parte la  referencia o el símil  al centinela agredido,   no es cierta, en virtud   que la Guardia Nacional Bolivariana,  como el cuarto  componente de la Fuerza Armada Nacional, tiene como responsabilidad  la conducción de las operaciones del orden interno, dentro de lo que se conoce como policía administrativa tanto general,  como especial,  en los casos de alteración  del orden público cuando la Policía Nacional ( Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Art 34  Numeral 4° numeral 6°) cuando el control se desborda  frente a las manifestaciones  como es el caso que analizamos, y es entonces que le corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana actuar y controlar el orden público, por tanto  las unidades  actuantes  lo hacen bajo la subordinación   del Poder Ejecutivo a través  del Ministerio de Relaciones Interiores y no del de Defensa.

Al respecto el pasado 02 de junio la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz señaló “…que cuando un oficial de la Guardia Nacional está en una manifestación cumpliendo la función de seguridad ciudadana debe comportarse como un policía más y deja de ser centinela…”  ya que es un funcionario de orden público y debe apegarse al reglamento que tiene el Estado venezolano sobre las manifestaciones.  Y como no está cumpliendo funciones militares  en una dependencia o unidad  militar, no es un centinela.
Fiscal desmontó argumento de delitos de “ataque al centinela

Al respecto la legislación militar nos señala en forma taxativa la intervención y utilización de los efectivos militares sus funciones del control y el restablecimiento del Orden Público como veremos a continuación.


Continuará….

Como citar este artículo

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Márquez, Oscar J. “ ”, entrada del Viernes 30   de Junio  de 2017, consultado el xx / xx/ 2017. URL:
http://lapredicacastrocomunistaenvenezuela.blogspot.com/2017/06/venezuela-justicia-civil-vs-justicia.html

Se autoriza la reproducción o traducción, total o parcial de la información contenida en este escrito siempre y cuando se indique claramente la fuente (los titulares del copyright) [...]

© Copyright 2017 by Oscar J. Márquez



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Cronología: El distanciamiento de Ortega Díaz con el Gobierno

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La Justicia Penal Militar en Venezuela procesa a civiles. De cómo involucionamos a etapas ya superadas

¿Las detenciones masivas en el marco de las protestas son constitucionales?, por José Ignacio Hernández

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Padrino defiende uso de los tribunales militares y dice que habla con la Fiscal

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Por qué los civiles están siendo procesados por la justicia militar?

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